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  06-08-2018
Nota del mes

Los conflictos socioambientales como espacios de aprendizaje

Por Mora Laiño*

Las manifestaciones en torno a diversos conflictos socioambientales que se sucedieron en la Argentina, en los últimos años, constituyen un terreno fértil para reposicionar el debate en relación a las concepciones hegemónicas sobre las que se asientan los modelos de desarrollo que prevalecen en la región, fuertemente vinculadas a la idea de crecimiento económico ilimitado, y a un patrón de acumulación extractivista –sostenido a partir de la mercantilización de la naturaleza-, como pilares del desarrollo.

La resistencia manifiesta a proyectos de megaminería a cielo abierto, a la extracción de hidrocarburos no convencionales o al avance de la frontera agropecuaria dada la expansión de actividades agrícolas intensivas -con la consecuente desforestación e incremento del uso de agroquímicos asociados-, son algunos ejemplos de reclamos populares que han logrado cristalizar en la agenda pública ambiental, promoviendo la emergencia de espacios de reflexión y circulación de información sobre la desigual distribución del riesgo ambiental y la afectación al territorio, así como también sobre el acceso, la disponibilidad y la gestión de los bienes comunes de la naturaleza.

Como caso ejemplar se puede mencionar el rechazo de la comunidad de Esquel al proyecto minero de la empresa Meridian Gold en 2002. Movidos por la preocupación e incertidumbre en relación al impacto que la actividad minera podía generar sobre las actividades desarrolladas en el lugar, un amplio sector de su población conformada por comerciantes, productores rurales, integrantes de pueblos originarios, docentes, técnicos y jóvenes profesionales, entre otros, comenzaron a organizarse.

Esto motivó la conformación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina (AVAE) que logró generar un plesbicito cuyo resultado marcó un 81% de votos por el NO a la Mina en 2003, en un contexto de gran organización popular caracterizado por manifestaciones pacíficas y movilizaciones masivas en la zona cordillerana. Así fue que el proyecto minero debió ser suspendido por tiempo indefinido luego de que la justicia rechazara la demanda que la minera canadiense presentó contra los integrantes de la asamblea de Esquel. La resistencia a este tipo de proyectos se constituiría como un antecedente de relevancia que alimentaría a movimientos sociales en formación, (principalmente, a través de asambleas socioambientales conformadas por vecinos autoconvocados[1]) y se instauraría como mecanismo central de la organización de sectores sociales afectados por proyectos mineros metalíferos en otras regiones del país, basados en modelos deliberativos y participativos para la toma de decisiones.

IPBES
Fuente: www.noalamina.org

El caso de la compañía Barrick Gold en Mina Veladero, provincia de San Juan, que vertió más de un millón de litros de agua cianurada en el río Potrerillos en 2015, es también otro ejemplo paradigmático. Como en Esquel, los vecinos de Jáchal –una de las localidades sanjuaninas afectadas por el derrame- se organizaron para solicitar información sobre lo ocurrido a la Municipalidad. Luego, la elaboración de un informe requerido por la Asamblea “Jáchal No se Toca”, dio como resultado la detección de arsénico y mercurio en la sangre de un niño a partir del derrame tóxico. El caso ganó lugar en la agenda pública a partir de la divulgación de información sobre la peligrosidad del cianuro como sustancia contaminante.

Estos focos de conflicto, entre los que también podemos mencionar el del distrito minero de Famatina (La Rioja), emblemas de la resistencia antiminera a gran escala, obligaron a romper el cono del silencio en torno a los proyectos de minería a cielo abierto y a discutir qué tipo de minería se practica en Argentina. Entre los temas que comenzaron a debatirse en este marco también se incluyen, por ejemplo, la preeminencia de lógicas de rentabilidad asociadas a las empresas de capital transnacional que explotan las minas; la disputa por recursos fundamentales que utilizan este tipo de actividades extractivas, como el agua; y el impacto que las mismas generan en las economías regionales. Además, se incorporaron al debate las consecuencias socioambientales asociadas a la actividad minera, generalmente invisibilizadas, vinculadas con la afectación de la salud de los habitantes de las comunidades, la degradación ambiental y la pérdida de servicios ecosistémicos. También posibilitaron poner en cuestionamiento expresiones de gran circulación pública como es el caso de la “minería sustentable” y analizar los coeficientes de empleabilidad real que genera el sector.

Pero este tipo de resistencias sociales no solo operaron en el orden de lo simbólico, sino que, a su vez, tuvieron implicancias en el plano regulatorio, ya que posibilitaron la sanción de leyes que prohíben o regulan algún aspecto de la actividad minera a cielo abierto en varias provincias argentinas.[2]


Foto
Corte de carretera contra la actividad minera sobre la ruta 7 en Uspallata, (Mendoza). Fotografía de Lucrecia Wagner.

Por otro lado, el escenario de la conflictividad ambiental de los últimos años en Argentina muestra otros tantos casos en los que las demandas colectivas también tuvieron un correlato institucional, asociado a la aplicación de instrumentos regulatorios. Entre estos podemos mencionar la sanción de la Ley de Protección de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, las demandas judiciales impulsadas por los “pueblos fumigados”, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la exigencia de creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) centralizada en la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la presión que ejercieron diferentes organizaciones por lograr la sanción y la reglamentación de leyes de presupuestos mínimos para la protección de los humedales.

La acción colectiva tiene un papel relevante en la configuración de diferentes espacios experimentales democráticos, de reflexión, cuyos emergentes han fortalecido procesos de aprendizajes sociales y cambios institucionales que resulta necesario observar. Se trata de espacios contenciosos que exigen debates más profundos sobre la sustentabilidad de la gestión de lo que la economía clásica denomina como “recursos naturales”, sobre la distribución de los beneficios económicos de su explotación, como así también sobre el impacto ambiental, social y económico de las actividades productivas vinculadas con su manejo.

El análisis y la apropiación de estas dinámicas resultan claves para comprender los mecanismos a través de los cuales las cuestiones ambientales logran trascender y tener un lugar cada vez más protagónico en la agenda política, a partir del impacto que generan en la opinión pública, y la movilización y organización creciente de sectores de la sociedad civil que incluyen entre sus demandas el derecho a un ambiente sano.

Notas al pie:
[1] Para más información: https://noalamina.org/
[2] Se trata de Chubut, Mendoza, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego. Por su parte en La Rioja y Rio Negro fueron derogadas las leyes que incorporaban controles a la actividad minera.

Referencias:

-Merlinsky, G. (2013). Política, derechos y justicia ambiental. El Conflicto del Riachuelo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

-Merlinsky, G. (2014). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CICCUS.

-Merlinsky, G. (2016) (compiladora). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2. Buenos Aires: CICCUS.

-Seoane, S., Taddei, E. y Algranati, C. (2013). Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América. Buenos Aires: El Colectivo y GEAL.

-Wagner, L. (2016). Conflictos socioambientales por megaminería en Argentina: apuntes para una reflexión en perspectiva histórica. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 35, 87-99.

*Integrante del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable (CITIDES). Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

PRODUCIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.