ENTREVISTAS
  02-06-2020
ENTREVISTA

“El principal desafío de la Argentina contra el hambre es garantizar desde las políticas públicas el derecho a una alimentación adecuada, a través de alimentos sanos, seguros y soberanos”

Marcos Filardi es abogado, especializado en derechos humanos, docente en la Cátedra de Soberanía Alimentaria y en el Seminario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la alimentación adecuada en la Universidad de Buenos Aires, además de coordinador del Museo del Hambre. En esta entrevista nos propone una mirada integral sobre las implicancias del modelo agroindustrial dominante en la calidad de los alimentos, y las claves para pensar formas de producción alternativas a través del paradigma de la agroecología.

Por Mora Laiño*

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Marcos Filardi


¿Qué implica el derecho a la alimentación? ¿Cómo es la calidad de los alimentos que propone el modelo agroalimentario argentino actualmente?

Es importante entender la alimentación en clave de derechos humanos y esto en Argentina tiene raigambre legal y constitucional. Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la alimentación; a acceder de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios necesarios para obtenerla. Esto implica que los poderes públicos en sus tres niveles del Estado, federal, provincial y municipal, están obligados a respetar el ejercicio de ese derecho, a garantizarlo y a adoptar medidas para hacerlo efectivo.

El derecho a la alimentación adecuada tiene cuatro componentes fundamentales: la disponibilidad de los alimentos, es decir que haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias; la accesibilidad física y económica; la adecuación de esos alimentos en sus dimensiones cuantitativas, cualitativas y culturales; y la sustentabilidad, que implica que nuestra posibilidad de alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones siguientes.

Cuando nos referimos a cómo es la calidad de los alimentos hablamos de adecuación. El derecho a la alimentación exige que no se trate de llenar el estómago de las personas con cualquier cosa sino que esa alimentación tiene que ser suficiente y de calidad, estar libre de sustancias nocivas y ser culturalmente adecuada según nuestras tradiciones como comensales.

Yo veo problemas en todos los órdenes del derecho a la alimentación. Tenemos una dieta muy pobre y monótona, deslocalizada y desestacionalizada, que descansa en unos pocos monocultivos. El sistema agroindustrial dominante genera unos pocos objetos comestibles elaborados a partir de esos monocultivos.

En segundo lugar, destaco el problema de las consecuencias del modelo agroindustrial que depende de venenos, de organismos genéticamente modificados y de fertilizantes. La dependencia a ese paquete tecnológico tiene un serio impacto en la calidad de los alimentos. Por un lado, tenemos el impacto de los transgénicos. Argentina tiene 61 eventos transgénicos aprobados al día de hoy: el 100% de la soja, el 96% del maíz y el 100% del algodón. Prácticamente todos son transgénicos tolerantes a distintos herbicidas o con insecticidas incorporados. Luego esa soja y ese maíz están presentes en la mayoría de los alimentos que consumen las personas que contienen entonces derivados de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). El problema además es que no hay una ley que nos informe de la presencia de esos componentes transgénicos. No tenemos hoy el derecho como comensales a saber si eso que nos estamos llevando a la boca tiene OGMs.

Por otro lado, Argentina tiene el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos usa por persona en el mundo. Estamos hablando de unos 525 millones de litros por año de 5.000 formulados comerciales distintos, aprobados al día de hoy por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esto significa que los agrotóxicos se usan para todas las producciones de alimentos, no solamente los transgénicos que fueron diseñados para tolerar la aplicación de esos agrotóxicos sino también en toda la producción frutícola, la hortícola, la yerba, el té. Prácticamente todas las producciones vegetales dependen de un modelo de aplicación de agrotóxicos.

También tenemos los problemas asociados al sistema de producción intensiva de animales basado en encerrarlos en una superficie reducida, los feedlots, y alimentarlos a partir de granos transgénicos con residuos de agrotóxicos más un complemento de alimentos balanceados que incluyen antibióticos para prevenir que se enfermen y, al mismo tiempo, para estimularles el apetito y promover el crecimiento de esos animales en el menor tiempo posible. Esos antibióticos pasan a las carnes y a las leches y también van a los suelos a través del excremento y de la orina y, de ahí, filtran a las napas de agua. Luego, esas producciones intensivas que se dan a gran escala en granjas industriales son caldo de cultivo de las enfermedades zoonóticas causantes de las grandes epidemias del siglo XXI.

Otro problema que advierto en cuanto a la calidad de los alimentos tiene que ver con los ultraprocesados, tanto líquidos como sólidos, que no son otra cosa que cereales de base que tienen residuos de agrotóxicos, a los cuales la industria alimentaria le agrega grasa, sal, azúcar y aditivos como colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes y distintas sustancias químicas para convertir a eso en un objeto comestible rico, adictivo y bueno para generar dividendos para los accionistas de una industria concentrada en pocas manos, pero pésimo para alimentarse. Argentina es también el país que tiene el triste privilegio de encabezar el ranking de ingesta de ultraprocesados.

Lo que se observa entonces es que hemos asistido a un cambio rotundo en nuestra alimentación en estos últimos años promovido por el modelo agroindustrial dominante y los efectos están en nuestros cuerpos que reflejan un incremento de las enfermedades crónicas.

Solemos escuchar que la agroecología es la respuesta a los principales desafíos contemporáneos: alimentar a una población en crecimiento y preservar los bienes comunes de la naturaleza ante un contexto de crisis climática. ¿Es posible una transición hacia una matriz productiva de alimentos que sea más equitativita y ambientalmente sostenible o es necesario producir con más transgénicos para alimentar al mundo?

Tenemos que desmitificar esta falsa premisa de que los transgénicos vinieron para alimentar el mundo porque es el mismo discurso con el cual se introdujo la “revolución verde” que luego facilitó la introducción de los transgénicos. Estos se presentaron en 1996 como una tecnología “necesaria” para eliminar el hambre en el mundo. Sin embargo, hasta ahora sucedió todo lo contrario. El hambre aumentó al igual que la malnutrición en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. La otra misión que supuestamente traían era la de reducir el uso de los agrotóxicos y también ha resultado en todo lo contrario porque en Argentina aumentaron 1400% y siguen aumentando.

El problema del hambre en el mundo no es un problema de producción ni de disponibilidad de los alimentos, sino de acceso y de distribución. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se producen alimentos para 12.000 millones de personas, hoy somos 7.500 millones de personas, con un desperdicio de alimentos de entre ¼ y ⅓ de todo lo que se produce, y hay personas que pasan hambre.

Lo que ocurre es que gran parte de la producción agroindustrial no tiene por objeto alimentar personas, sino engordar a los ganados, producir insumos para la energía -como sucede con el 25% de toda la producción agroindustrial que se destina a los agrocombustibles- y, crecientemente, producir agromateriales para la industria. Es decir son tierras que no se destinan a la producción de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias de los seres humanos.

Desde el paradigma de la soberanía alimentaria existen otros modos de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, sin depender de ese paquete tóxico-dependiente, a través de formas situadas de producción porque lo que es bueno para un territorio en un tiempo y espacio determinado quizá no es lo más adecuado en términos de equilibrio ecosistémico para otro lugar cercano. Ese modelo está representado en un sentido genérico por la agroecología e incluye diversas formas de producir. No hay una única receta. Es más bien un conjunto de principios para producir nuestros alimentos aprovechando la diversidad de experiencias de los pueblos originarios, de la agricultura campesina, y rescatando todos esos saberes que hoy, a pesar de todas las dificultades estructurales que atraviesan, son clave en la producción de gran parte de los alimentos que comemos todos los días. Acá incluimos a la agricultura biodinámica, a la agroecología extensiva, a la permacultura, la agricultura ancestral.

En la región chaqueña el boom de la soja y la frontera agroindustrial avanzan desde hace tiempo sobre la agricultura familiar, campesina e indígena y también sobre los bosques. ¿Podría ser la ley de tierras una respuesta posible a las dificultades que enfrenta el desarrollo de la agricultura campesina? ¿Qué otras regulaciones sería importante considerar?

En 1996 la producción de soja ocupaba entre un 5% y un 8% de la superficie cultivada total y hoy ocupa el 60% en un proceso que se conoce como “sojización”. El boom empieza con la introducción de los transgénicos en toda la región que actualmente ya tiene 50 millones de hectáreas destinadas a un solo cultivo. Para poder lograrlo lo que hace es avanzar sobre territorios de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas y eso genera conflictos por la tierra con asesinatos de campesinos. También avanza sobre los bosques, las selvas y los humedales con el propósito de desmontar para darle lugar al monocultivo especialmente en la región chaqueña. Cuando se arrasa un bosque nativo además de destruir la biodiversidad se genera un agotamiento del suelo que lo vuelve improductivo entonces hay que seguir desmontando para avanzar en otro lugar. Del mismo modo se eliminan las pasturas naturales o cultivadas destinadas al pastoreo tradicional para destinarlos al monocultivo.

Esto hace que sea necesario pensar en el cuidado de nuestros bienes comunes naturales de manera integral. No alcanza con haber sancionado una Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, sino que tiene que ser de cumplimiento efectivo. También la necesidad de discutir políticas de ordenamiento territorial para recuperar esos cinturones verdes alrededor de los pueblos y ciudades de modo de garantizar que gran parte de la producción de alimentos que los abastece provenga justamente de ahí, generando un menor impacto ambiental, menores costos y menores precios. Ese es uno de los principios de la soberanía alimentaria, producción local para abastecimiento local.

En cuanto a la Ley de Tierras, esta refiere a limitar la posibilidad de concentrar tierras en manos extranjeras. Sucede que ahí la limitante es solo la titularidad dominial pero tenemos que pensar que gran parte de la explotación agrícola de nuestro país funciona por vía de arrendamientos rurales a 1 año, entonces probablemente la tierra sea de un mismo titular que se la alquila a un pool de siembra asociado a capitales nacionales y/o transnacionales que va concentrando distintas hectáreas para hacer una explotación a escala.

La Ley de Tierras no resuelve los problemas de explotación ni de concentración de la tierra. Es necesario pensar en manos de quiénes están las tierras y al servicio de qué modelo productivo. Por eso la soberanía alimentaria retoma la necesidad de discutir la reforma agraria como componente esencial del paradigma. Comenzar por la tierra pública que podría ser entregada en comodato a productores campesinos o a personas que quieran trabajar la tierra. Esa es una decisión política del Estado, e incluso se podría recurrir a las tierras privadas sin ninguna necesidad de expropiación para que ese lugar se destine a producción agroecológica para consumo local. En este sentido, nuestra Constitución admite la expropiación por razones de interés público, lo que permitiría avanzar en una redistribución de la tierra más equitativa ya que los propios órganos de protección de los derechos humanos han dicho que en aquellos países en donde haya una notoria desigualdad en el acceso a la tierra, los Estados deben promover políticas de reforma agraria.

Efectivamente, se puede dar respuesta a partir de políticas integrales que colaboren con la discusión sobre comercialización, tecnología, políticas de acceso a los saberes para promover un cambio de la matriz productiva y del modelo agroindustrial dominante sostenido por intereses muy fuertes, concentrados y entrelazados entre sí. Este modelo agroindustrial tiene grandes ganadores con mucho poder económico; las grandes cerealeras que monopolizan las comercialización de los granos, cereales y oleaginosas; la industria alimentaria; la industria química; la industria semillera; la industria farmacéutica; la industria del petróleo y el gas; los hipermercados y supermercados; la industria de la maquinaria agrícola y, crecientemente, la industria digital que invierte en agricultura de precisión.

En el actual contexto argentino de emergencia alimentaria, ¿qué diferencia existe entre hablar de hambre, del deber del Estado de garantizar el derecho a la alimentación y de que esa alimentación sea sana, segura y soberana? ¿Qué implicancias tiene en la provisión de alimentos?

En Argentina hay índices de desnutrición aguda con situaciones muy críticas en algunos lugares, especialmente entre las poblaciones originarias. Sin embargo, no es el principal problema nutricional en términos estadísticos globales. En Argentina hay problemas de malnutrición. El 12% de nuestrxs niñxs no van a lograr tener la altura que podrían tener si estuvieran correctamente nutridxs, y hay un 67% de la población con sobrepeso y obesidad. Por eso la variable central del derecho a la alimentación es la accesibilidad económica a esos alimentos cuyos precios son fijados oligopólicamente. Cuando nos preguntamos qué posibilidades tienen los sectores populares frente a ese escenario de llevar una alimentación adecuada, vemos que las consecuencias están en cuerpos de clase que revelan la desigualdad: tenemos a lxs pobres gordxs que se llenan con carbohidratos, grasas y azúcares porque es lo que pueden pagar; y tenemos a lxs ricxs flacxs que pueden acceder a nutrientes de calidad, variados.

Si seguimos pensando que el hambre en Argentina tiene la forma de una desnutrición aguda, las políticas se van a orientar en un sentido, pero si pensamos que el problema no es la falta de acceso a las calorías sino la falta de acceso a alimentos de calidad, las políticas tienen que ir completamente en otro sentido. Este es el principal desafío de la Argentina contra el hambre, cómo garantizar desde las políticas públicas el ejercicio de ese derecho a la alimentación, a través de alimentos sanos, seguros y soberanos. Esto implica garantizar disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación y sustentabilidad.

A su vez, proyecta reflexiones sobre qué tipo de productos se incluyen en la política de precios cuidados, qué política de compras tiene el Estado; si va o no a elegir compras que favorezcan a lxs pequeñxs productorxs de la agricultura familiar, campesina e indígena para dinamizar todo ese sector que se viene organizando con fuerza en los últimos años a través de políticas realmente transformadoras.

En este sentido, la nueva designación de Nahuel Levaggi como Director del Mercado Central es una buena señal que se da también gracias a la lucha social preexistente y a la articulación creciente de esas organizaciones a partir de la crisis de 2001, con iniciativas recientes como los “verdurazos” de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para que lxs comensales sepan qué están comiendo y a qué sobreprecios.

Se estima que en Argentina hay alrededor de 200.000 pequeños productores que ocupan el 13% de la tierra cultivada y en donde producen el 60% de las frutas y verduras que se consumen en el país. ¿Qué políticas públicas considerás que hacen falta para transformar el sistema agroindustrial del país? ¿Cuáles son los principales temas que tiene que abordar la flamante Dirección de Agroecología?

La Vía Campesina es quien introduce el paradigma de la soberanía alimentaria de la mano de la agricultura familiar indígena organizada que luego entra en diálogo con los movimientos sociales urbanos.

Hace algunos años empezamos a ver algunas señales en algunos gobiernos locales, por ejemplo Gualeguaychú y San Antonio de Areco, que comenzaron a desarrollar algunas políticas públicas en ese sentido. Que se cree la primera Dirección Nacional de Agroecología es una señal alentadora, sobre todo porque está a cargo de una persona que ha recorrido el territorio demostrando que la agroecología no solo es necesaria y urgente, sino que es posible e incluso rentable para lxs proixs productorxs que se animan a ese cambio de paradigma. Esto no significa que todo el modelo vaya hacia la agroecología como nosotrxs quisiéramos porque son paradigmas en disputa y hay que ver hasta qué punto pueden coexistir. Si el Estado quiere realmente avanzar hacia la agroecología no solamente tiene que promoverla sino también protegerla.

¿Cómo surge la creación del Museo del Hambre, espacio que está bajo tu coordinación? ¿Cómo se piensan las actividades que se proponen desde ese “centro de lucha” por la soberanía alimentaria?

La idea del Museo del Hambre nace a partir de un viaje que hice a África en 2007 para conocer la situación en el terreno del derecho a la alimentación. Allí escuché una conferencia de Muhammad Yunus que decía que tenemos todo para encerrar a la pobreza en un museo y me quedó dando vueltas ese concepto de que el hambre debería estar solo en un museo, que lo podamos convertir en un objeto de museo. Esa es la apuesta política y simbólica de este espacio de encuentro por la soberanía alimentaria que comenzó a funcionar en 2017. Hacemos cine debate, presentaciones de libros, charlas, muestras artísticas, talleres de intercambio de saberes, biblioteca popular. También hay un puesto de la cooperativa Iriarte Verde. Todas estas actividades están vinculadas a una búsqueda colectiva por la soberanía alimentaria. Son abiertas y gratuitas y no recibimos financiamiento de nadie justamente para garantizar esa independencia de pensamiento.





*Integrante del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable (CITIDES). Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
PRODUCIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.